La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) inició acciones de supervisión y solicitó informes urgentes a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y a su Órgano de Control Institucional (OCI). Esta medida se adoptó tras la difusión de una serie de reportajes periodísticos que exponen presuntas irregularidades graves en el manejo administrativo y en los recientes comicios para elegir a las nuevas autoridades universitarias.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, el objetivo central de este requerimiento es verificar si las negligencias denunciadas están comprometiendo la calidad de la enseñanza, el uso correcto de los fondos públicos y los derechos fundamentales de los estudiantes de dicha casa de estudios.
Las seis denuncias en el foco de la Sunedu La superintendencia ha puesto bajo la lupa un listado de graves cuestionamientos que la UNAC deberá esclarecer:
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El pago irregular de sueldos y remuneraciones a favor de un docente ya fallecido.
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Presuntas anomalías y favoritismos en los procesos de contratación del personal.
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La paralización inexplicable de una obra de infraestructura universitaria valorizada en más de S/ 16 millones.
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Denuncias por deficiencias en los contratos del servicio de seguridad interna.
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Presuntas coacciones y presiones hacia los alumnos para respaldar una lista específica en las elecciones universitarias.
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La presunta alteración deliberada en el cronograma de publicación de notas para condicionar el voto estudiantil.
Exigen transparencia, informes y descargos inmediatos Para esclarecer este panorama, la Sunedu exigió al rectorado de la UNAC la entrega de informes documentados sobre el estado de sus investigaciones internas, las medidas correctivas implementadas y un reporte técnico sobre el proyecto de infraestructura paralizado, el cual afecta directamente el desarrollo académico.
Asimismo, en el ámbito electoral, la universidad deberá justificar cualquier modificación en su calendario de evaluaciones e informar si existen cuestionamientos formales contra los candidatos participando en el proceso. En tanto, el OCI de la institución deberá remitir sus auditorías para determinar si ya se han identificado responsabilidades penales o administrativas.
Finalmente, la entidad reguladora aclaró que estas diligencias corresponden a una etapa preliminar de investigación, reafirmando su compromiso de garantizar que los universitarios ejerzan sus derechos en un ambiente transparente y libre de cualquier tipo de condicionamiento o chantaje académico.
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