El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la orden de 24 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, no lo exime de sus responsabilidades judiciales. El líder de Perú Libre continuará bajo investigación formal en el proceso penal que originó dicha medida restrictiva: el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales de su partido.
El entramado de ‘Los Dinámicos del Centro’
Este complejo caso de corrupción involucra a más de 40 personas y se centra en una presunta red criminal que habría operado dentro del Gobierno Regional de Junín durante la gestión del exgobernador.
Según la tesis del Ministerio Público, la presunta organización liderada por Cerrón se lucró a través de diversas modalidades ilícitas:
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Tráfico de licencias: Cobro sistemático de sobornos (coimas) para emitir y recategorizar indebidamente brevetes de conducir.
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Copamiento laboral: Contratación irregular de personal y allegados al partido Perú Libre, manipulando los procesos de selección para ubicar a las personas que la cúpula ordenaba.
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Direccionamiento de contratos: Favorecimiento ilegal a terceros en los procesos de licitación para el mantenimiento de la red vial y carreteras de la región entre los años 2019 y 2020.
Familiares en la mira de la Fiscalía
Las indagaciones no solo alcanzan al exgobernador de Junín, sino también a su círculo familiar más cercano. Su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, ha sido ubicado por la Fiscalía en el “nivel dos” de la estructura criminal. Por su parte, su madre, Bertha Rojas, es señalada bajo la sospecha de actuar como aparente testaferra de la organización.
Revés judicial y las evidencias de la Fiscalía
Años atrás, en 2024, Vladimir Cerrón intentó archivar esta investigación mediante un recurso legal. Sin embargo, su pedido fue desestimado en su momento por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien sustentó la gravedad y abundancia de los indicios encontrados en la gestión regional.
“En su actuación se verificó hasta 39 sobornos que evidencian un presunto cohecho pasivo propio, dos contrataciones que dan luces del delito de negociación incompatible y 14 procedimientos de selección respecto al delito de colusión, donde en algunos casos se habría ocasionado perjuicio patrimonial al Estado”, argumentó el magistrado al rechazar la pretensión de Cerrón.