Cuando ocurre una emergencia y un ciudadano llama a la Policía, espera una respuesta inmediata, no excusas administrativas. Sin embargo, en el Cusco, la lucha contra el crimen se estrella contra un muro burocrático: mientras la delincuencia aumenta día a día, decenas de vehículos policiales completamente nuevos permanecen estacionados e inoperativos, convertidos en el reflejo de una gestión que paraliza la seguridad ciudadana.
Las cifras reales de la flota policial
Aunque sobre el papel la Región Policial Cusco cuenta con un parque automotor de 641 vehículos entre motocicletas y camionetas, la realidad en las calles es muy distinta:
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Unidades antiguas: Una gran parte de la flota ya superó su vida útil o se encuentra inoperativa en talleres por graves fallas mecánicas.
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Patrulleros inmovilizados: Cerca de 50 patrulleros nuevos, entregados por el Gobierno Regional en diciembre del año pasado, siguen estacionados en el complejo policial de Patapata.
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El motivo del encierro: Ninguno de los vehículos nuevos presenta averías ni fallas de fábrica; su inmovilización se debe única y exclusivamente a trámites administrativos pendientes, como la falta de placas, registros de propiedad y SOAT.
La tragedia de Quiquijana: El costo mortal de la inacción
Las fatales consecuencias de esta demora burocrática quedaron expuestas con el violento asalto en el distrito de Quiquijana, un crimen que provocó la caída de un vehículo a un abismo y cobró la vida de seis personas, entre ellas dos bebés.
Tras esta tragedia, los dirigentes vecinales viajaron hasta la ciudad del Cusco con una demanda urgente: una camioneta para patrullar su zona. No pedían presupuesto para una nueva comisaría ni obras millonarias, solo un vehículo de vigilancia. La respuesta oficial fue indignante: los patrulleros ya existían, pero no podían salir a las calles por no haber concluido el papeleo legal.
Deterioro silencioso y la paradoja de nuevas compras
Cada día que estos patrulleros pasan varados bajo el sol y la lluvia en un patio policial, sufren un deterioro silencioso en sus componentes mecánicos y eléctricos. El Estado permitió que vehículos comprados con dinero público para proteger a la población empiecen a envejecer sin haber completado su primera ronda de vigilancia.
A esta situación se suma una insólita paradoja administrativa:
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Mientras estas 50 unidades siguen sin patrullar, el Gobierno Regional del Cusco ya firmó un nuevo convenio por más de 9,2 millones de soles (bajo la modalidad de Obras por Impuestos) para comprar otra flota de patrulleros.
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Para este nuevo contrato, se ha exigido que las unidades se entreguen debidamente plancadas, con tarjetas de identificación y seguros activos. La gran interrogante que se hace la ciudadanía es: ¿Por qué no se aplicó ese mismo criterio elemental con la flota que hoy permanece pudriéndose en Patapata?
La sensación de inseguridad en la región no solo se alimenta del accionar delictivo, sino también de la incapacidad del Estado para poner en funcionamiento los recursos con los que ya cuenta. Mientras las camionetas sigan formando un “cementerio automotor” por falta de permisos, la burocracia seguirá actuando como el mejor aliado de la delincuencia.